Después de más de 10 años de negociación política y de un proceso legislativo de tres años, finalmente el 11 de junio de 2011 entró en vigor la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en México. Miembros de organizaciones civiles, exfuncionarios de gobierno, legisladores, organismos internacionales, académicos y gran parte de la opinión pública coinciden en que se trata de una de las piezas de legislación más importantes que se han aprobado en los últimos tiempos en el país.

En el entorno creado por las medidas de políticas públicas tomadas por el gobierno federal para el combate a la delincuencia organizada y ante el crecimiento del nivel de violencia a nivel nacional, la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal que entró en vigor en el año 2008 motivó la preocupación de algunas organizaciones civiles y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos  en  México (OACNUDH),  las cuales  opinaban  que  esta  legislación  carecía  de  una perspectiva de derechos humanos que garantizara un balance al nuevo marco legal. Por lo tanto, consideraron urgente la aprobación de esta reforma, discutida desde hace mucho tiempo, pero que en esos momentos se percibía como necesaria para brindar protección a la ciudadanía ante la situación de inseguridad en el país.

Diversos actores intervinieron durante la discusión de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, sin embargo, la incidencia estratégica de algunas organizaciones civiles y organismos internacionales fue determinante a lo largo de todo el proceso de aprobación, pasando por su votación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, hasta llegar a su aprobación final en la mayoría de los congresos estatales del país y su promulgación por parte del Ejecutivo.