Digitalization of the Swedish administration has been the center of attention for the Government and legislator for decades, with the explicit goal of being the "best in the world" at using the possibilities of digitalization. The Swedish public authorities were early adapters and have utilized automated decision-making procedures since the 1970’s. The effects on two areas central to Swedish constitutional and administrative law are addressed here: general administrative law, with a focus on administrative decision-making, and transparency rules and access to documents. The regulatory responses in the two areas differ. While concerns regarding the negative effects of digitalization on access to documents prompted the Swedish legislator to include digital recordings among documents encompassed by the right to access already in the 1970s, general administrative law has been adapted to a very limited extent. The Government has over the years commissioned several governmental enquiries on technical, societal, and legal challenges of digitalization of the administration, but the main conclusions in regard to the suitability of automated decision-making have been left to the administration and the courts. Two reasons can be identified. First, it has been a longstanding aim that administrative procedural rules are to be technology-neutral, in order not to become obsolete through future developments. Second, administrative authorities hold a strong and partially independent position in the Swedish constitutional setting, combined with a tradition of pragmatism. Authorities can thus be trusted to perform their decision-making in accordance with the law, whether the procedures are carried out manually, digitally, or by automated means. Swedish courts have thus far refrained from intervening. Still, it is clear that the Swedish administrative law landscape in automated decision-making contains several central lacunas, which ought to be filled in order to safeguard the principle of good administration and the rule of law.

El Gobierno y el legislador han centrado su atención en la digitalización de la Administración sueca durante décadas con el objetivo explícito de ser los “mejores del mundo” aprovechando sus potenciales. Las autoridades suecas fueron pioneras en esta materia y emplean procedimientos automatizados de toma de decisiones desde los años setenta. En este artículo se abordan los efectos de la automatización en dos ámbitos fundamentales del Derecho constitucional y administrativo sueco: en el Derecho administrativo general, concretamente en la toma de decisiones administrativas, y en la regulación sobre transparencia y el acceso a los documentos públicos. Las respuestas normativas en los dos ámbitos difieren. Mientras la preocupación por los efectos negativos de la digitalización sobre el derecho de acceso a los documentos llevó al legislador sueco a incluir los registros digitales entre los documentos cobijados por este derecho ya en la década de 1970, las adaptaciones del Derecho administrativo general han sido muy limitadas. A lo largo de los años, el Gobierno ha encargado varios informes oficiales sobre los retos técnicos, sociales y jurídicos de la digitalización de la Administración, pero las principales conclusiones respecto a la viabilidad de la toma automatizada de decisiones se han dejado en manos de la Administración y los tribunales. Al respecto se pueden señalar dos razones. En primer lugar, desde hace tiempo se pretende que las normas sobre el procedimiento administrativo sean neutrales desde el punto de vista tecnológico, para que no queden obsoletas con evoluciones futuras en la materia. En segundo lugar, las administraciones públicas ocupan una posición fuerte y parcialmente independiente en el marco constitucional sueco, unida a una tradición de pragmatismo. Por lo tanto, se confía en que las autoridades administrativas tomen sus decisiones de forma ajustada a la ley, con independencia de que los procedimientos se lleven a cabo de forma manual, digital o automatizada. Hasta ahora, los tribunales suecos se han abstenido, por ello, de intervenir. Sin embargo, está claro que el panorama del Derecho administrativo sueco respecto de la toma automatizada de decisiones contiene varias lagunas relevantes, que deberían colmarse para salvaguardar el principio de buena administración y el Estado de Derecho.